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| Sesión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación |
La
semana pasada se cumplió el vigésimo año de la entrega del informe final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El trabajo de investigación de la
CVR tiene un valor sociohistórico y político. Presenta una explicación de las
causas, hechos y repercusiones del conflicto armado interno (1980-2000) que
vivió el país. Calificado como el hecho más estremecedor de nuestra historia
republicana, merece una comprensión rigurosa y alejada de apasionamientos.
La
CVR lo definió como un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y
dolorosos en la sociedad peruana. Siendo causales de la violencia política las
desigualdades económicas, las frustraciones sociales acumuladas desde el
nacimiento de la república, la discriminación de índole étnico-cultural, la
precaria “democracia” y la formación de organizaciones subversivas que tuvieron
como objetivo destruir el Estado terrateniente-burgués y construir uno
socialista.
Responsabiliza
al PCP-SL como el causante inmediato del conflicto, y a su dirección nacional
le atribuye delitos de lesa humanidad, además de presentarlos con
características terroristas en lo que refiere a sus acciones armadas y responsable
de 54% de víctimas del conflicto. De la misma manera, pero con menor
intensidad, califica al MRTA con una responsabilidad del 1.5% de víctimas.
Asimismo, identifica los crímenes de las Fuerzas Armadas y grupos
paramilitares, agravado durante el régimen de Alberto Fujimori.
La
CVR consideró que, para superar las secuelas del conflicto, el país debe
conocer en toda su magnitud las dimensiones de lo ocurrido entre 1980 y 2000.
Asimismo, propuso que la reconciliación nacional debería iniciarse con un nuevo
pacto fundacional entre el Estado y la sociedad. A veinte años del informe
final, ese nuevo pacto aún está pendiente, y por el contrario se mantiene la
política del “terruqueo” desde el Estado a la protesta social al punto de
criminalizarla y las leyes antiterroristas de los noventa están vigentes.
Muchas
críticas han recaído a la CVR y a su informe, sobre todo provenientes de los
sectores más recalcitrantes de la política nacional, especialmente los
fujimoristas, y de las Fuerzas Armadas quienes han elaborado sus propias
versiones. Los alzados en armas también han realizado su versión de los hechos.
Desde luego, las interpretaciones de la CVR no pueden ser tomadas como verdades
absolutas; es importante escuchar las voces de todos los implicados en el
conflicto en tanto no tergiversen la historia a su conveniencia e inventen
ídolos o héroes que generan una inútil polarización en el país. En el contraste
de versiones se abre paso la verdad histórica y por ello no podemos permitir
las iniciativas negacionistas que limitan la labor de los científicos sociales
y de todo aquel que ejerza una investigación seria.
La
semana pasada, coincidentemente, se hizo entrega a sus familiares – después de
31 años – los restos de cinco estudiantes de La Cantuta asesinados en 1992 por
el grupo Colina, fue noticia la admisión de una demanda de Víctor Polay (líder
del MRTA) en la CIDH y se realizó una protesta contra el Lugar de la Memoria
(LUM) en Miraflores bajo la consigna “Terrorismo nunca más” y exigiendo su
cierre. Si agregamos a ello que hoy están con prisión preventiva dirigentes
sociales de Ayacucho bajo el supuesto delito de terrorismo; es evidente que las
secuelas derivadas del conflicto armado interno se encuentran vigentes, hay
muchas heridas por cerrar y un proceso de democratización de la sociedad peruana
aun pendientes.
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