Columna de opinión Diario UNO (jueves 31/08)

Persecución política en el Perú

 

Fuente: Facebook Comité de Lucha Transitorio del pueblo de Ayacucho

Según los informes de colectivos y organizaciones sociales tenemos a la fecha más de 1800 procesados, a nivel nacional, con carpetas fiscales por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Quien escribe, a fin de año del 2022 fue citado por la DIRCOTE para declarar sobre una presunta “apología al terrorismo” ante la impartición de clases virtuales del curso de historia y el tema del conflicto armado interno. Desde luego ello tenía como fin amedrentar ante la ola de protestas que se iniciaba por la vacancia presidencial del profesor Pedro Castillo. Varios docentes, con filiación partidaria fuimos citados. El plan de persecución política estaba en marcha.

Más grave es la situación de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA); ellos hasta el día de hoy están purgando una prisión preventiva bajo el supuesto delito de “filiación a organización terrorista”. Están casi 9 meses privados de su libertad sin que se les haya demostrado tal delito. Y es que hoy en el Perú la gran burguesía, a través de sus aparatos fiscales y judiciales están violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos la libertad de organización, pensamiento y expresión política. Están amordazando y, lo peor, apresando a los que alzan su voz de protesta y fomentan conciencia política en el pueblo.

En el Perú no existe democracia ni Estado de Derecho, nos hacen creer lo contrario porque cada cinco años hay elecciones generales y con eso basta para afirmar la existencia de un régimen “democrático”. La burguesía peruana, históricamente debió tener el papel de implantar el liberalismo y la democracia en el país, no lo ha hecho ni lo hará. Les corresponde a los sectores del pueblo organizado la tarea de democratizar la sociedad peruana, una tarea pendiente desde hace varias décadas.

Desde aquí nuestra solidaridad de clase con los compatriotas injustamente presos por razones políticas y por soñar con una sociedad más justa.

Especial en Diario UNO (lunes 28/08)

 

La Asamblea Constituyente de 1978 y la Constitución de 1979

 

Fuente: Archivo de El Comercio Perú

El proceso político de la década de 1970 en el Perú está relacionado al Gobierno de las Fuerzas Armadas (autodenominado “revolucionario”); en su primera fase presidido por el Gral. Juan Velasco Alvarado, siendo sus medidas trascendentales la expropiación de La Brea y Pariñas (de la transnacional IPC), la reforma agraria y el consiguiente desarrollo de un capitalismo de Estado. Algunas organizaciones populares y partidarias decidieron respaldar esa fase, mientras que otras se mantuvieron cautelosas frente a las medidas corporativistas del régimen, incluso asumiendo una actitud de confrontación “antifascista”. La segunda fase, presidida por el Gral. Francisco Morales Bermúdez, acentuó el carácter represivo y persecutorio del régimen militar.

El experimento del capitalismo de Estado tuvo serias limitaciones al no encontrar el soporte de una clase empresarial nacionalista, es decir una burguesía patriota que asuma ese proyecto histórico. Ya muchas veces lo había mencionado el Amauta José Carlos Mariátegui: La burguesía peruana es intermediaria, entregada al gran capital extranjero pues el carácter semicolonial de nuestra economía la condena a esa situación. El proletariado organizado y de vanguardia entendía bien ese escenario, por ello durante décadas planteaba la revolución democrática con perspectiva socialista. Pero las divergencias, ideológicas mas que programáticas, atomizaban cada vez más a los partidos autodenominados progresistas, socialistas y comunistas. En tanto los otros opositores al régimen militar como el aprismo, gozaba de una solidez organizativa partidaria e incluso tenía trabajo sindical autogenerado permitiéndole tener un respaldo social a pesar de sus convivencias con la oligarquía, los movimientos reformistas como Acción Popular y los demócratas cristianos se respaldaban en sectores profesionales y de la pequeña burguesía, asimismo venían de la experiencia gubernamental de los años sesenta que fue destituida por el golpe militar.

El movimiento sindical clasista y el movimiento universitario, principalmente, radicalizaron sus medidas de protesta contra la crisis económica, política y social que afrontaba el país. En ese escenario se desenvolvieron grandes jornadas de lucha, siendo una de las más significativas el paro del 19 de julio de 1977 pues conllevó a la convocatoria por parte del Gral. Morales Bermúdez a elecciones para la Asamblea Constituyente y, por ende, la redacción de un nuevo pacto social. Asimismo, inició una transición política que condujo a las elecciones generales de 1980, el mal llamado “retorno a la democracia” como si antes del golpe militar hubiera existido tal régimen.

Hoy muchos asocian a la Asamblea Constituyente de 1978 con la izquierda y que la constitución de 1979 fue “roja”, pues es totalmente falso. De 100 asambleístas la mayoría eran apristas (37) y por eso Víctor Raúl Haya de la Torre fue el presidente de la Asamblea, le seguía en mayoría el PPC (25), las izquierdas con el FOCEP de Hugo Blanco (12), el PSR de los velasquistas (6), el PCP de Jorge del Prado (6), la UDP de Javier Diez Canseco (4), el FRENATRACA de los hermanos Cáceres (4), los oligarcas Unión Odriista (2) y el Movimiento Pradista (2), y por último los demócratas cristianos (2). Como vemos las izquierdas sumaban 32 escaños, un tercio de la Asamblea, no fueron parte de la mesa directiva. Incluso se les reprocha el haberse resistido a firmar la recién redactada constitución.

En cuanto a su carácter; la constitución de 1979 planteó la economía social de mercado, reconociendo los cambios estructurales ocurridos durante el gobierno militar (capitalismo de Estado), se reorganizaron los poderes del Estado terrateniente-burgués implantando la bicameralidad y la elección conjunta de presidente, vicepresidentes, congresistas por periodo de cinco años, otorgando más autoridad a la investidura presidencial. Asimismo, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y se estableció la segunda vuelta presidencial en caso de no superar el 50% más uno. En lo social se estableció la ciudadanía a partir de los 18 años de edad, otorgándose el voto a los analfabetos (mayoría del país), precisando la pena de muerte solo en caso de traición a la patria.

Un dato a resaltar es el artículo 307 la cual dictaba que la Constitución no perdía vigencia aun cuando fuese derogada “por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”, por eso mismo se plantea la ilegal supresión del 5 de abril de 1992 con el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, que hoy viene siendo justificado con la publicación de un manual para escolares desde el Fondo Editorial del Congreso de la República presidido por la fujimorista Martha Moyano.

Paradójico: La constitución aprista y pepecista no es defendida por sus propios artífices, algunas izquierdas (que no son las mismas de la década del setenta) hoy la reivindican y los que defienden la constitución fujimorista de 1993 lo hacen sabiendo que ella nació violando a la de 1979.

Columna de opinión Diario UNO (jueves 24/08)

 

Revolución y Asamblea Constituyente en Francia 1789

 

La toma de la Bastilla (14 de julio 1789)

La crisis generalizada durante el último cuarto del siglo XVIII llegó a su punto más alto en los años 1788 y 1789: Alza de precios agrícolas, recesión de la producción manufacturera, extrema pobreza, desempleo en la ciudad y campo, impopularidad de los ministros y un creciente rechazo al absolutismo monárquico de Luis XVI Borbón. El Antiguo Régimen era insostenible por su carácter reaccionario, ante la ola de protestas sociales y la organización de fuerzas revolucionarias de origen burgués; influenciados por los ideales de la ilustración como la libertad e igualdad, tenían un plan de modernización para el país sustentado en el desarrollo de las fuerzas productivas y por consiguiente del capitalismo industrial.

La convocatoria de los estados generales respondió al interés de la monarquía de dar una salida a la crisis, y la posterior asamblea constituyente fue producto de la movilización de las masas urbanas y del campo con diversas demandas. París fue el epicentro y las provincias replicaban la tendencia revolucionaria. El tercer estado, el de los burgueses y sectores marginados de la política, tenía a su favor el respaldo popular e incluso de nobles reformistas. Nunca antes la práctica política en Francia había sido amplia, de debates en todos los niveles de la sociedad, generando expectativas y anunciando una democracia con repercusión mundial.

La toma de la Bastilla el 14 de julio anunciaba el carácter del proceso en su primera fase, un absolutismo arrinconado por la violencia revolucionaria y las maniobras políticas de la burguesía logrando abolir los privilegios feudales, sentenciando que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, defensa de la propiedad privada, la soberanía nacional y la instauración de una monarquía legislativa. En esas circunstancias de la lucha de clases nació la primera constitución política de Francia en 1791.

En palabras del historiador Jean Jaurés: “La Revolución francesa fue a la vez burguesa y plebeya, democrática y popular.”

 

Especial en Diario UNO (domingo 20/08)

 

La "chiKa" Dinamita

Fuente: La República (Autor: Carlín)

Dina Boluarte fue designada por el CEN de Perú Libre (PL) como vicepresidenta en la plancha presidencial de las elecciones de 2021. ¿Cuál fue el criterio de su selección entre tantas otras militantes mujeres con trayectoria en el partido del lápiz? Solo los dirigentes electores lo saben.

No es un secreto que Pedro Castillo no era militante de PL, él se afilió por un tema administrativo, para cumplir con el reglamento electoral de postulación presidencial en la formula que en un primer momento incluyó a Vladimir Cerrón como segundo vicepresidente. El vínculo orgánico partidario de Pedro con PL era casi nulo, al igual de los hoy congresistas del bloque magisterial que usaron a PL como vehículo para estar sentados en sus curules. La persona clave de PL era, sin duda alguna, Dina Boluarte, mujer de escasa formación política y carisma, pero a pesar de ello postuló por el lápiz en dos oportunidades (elecciones municipales 2018 y congresal 2020). Lo cuál nos lleva a preguntarnos qué tipo de escuelas políticas impartía e imparte PL para formar a sus militantes.

Desde la campaña presidencial mostró una actitud distante al partido y llegado el triunfo de segunda vuelta su alejamiento fue más evidente. Siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social no quería tener de cerca a los lápices, afianzó sus vínculos con personajes hoy cuestionados que vienen siendo investigados por financiamientos ilícitos y tráfico de influencias durante la primera fase del Gobierno de la cual ella saca cuerpo y deslinda hipócritamente.

Fue una de las primeras en hacer eco de la trampa del cerco mediático de aislar al Gobierno del partido que la condujo a la victoria. Y al igual que Pedro – y no me refiero al discípulo de Cristo – negaron a Vladimir Cerrón cuántas veces era necesario para satisfacer a la prensa de la gran burguesía. En poco tiempo el objetivo estaba consumado y el divorcio de Gobierno-partido era un hecho. Tanto Pedro como Dina tienen en común el haberse servido de un partido al cual abandonaron prontamente y no estar identificados realmente con el programa ofrecido en campaña. Los hechos lo demuestran.

Siendo presidenta asume cabalmente los intereses de la gran burguesía peruana y trata de conciliar con ambas facciones (GBF y GBB), aun sabiendo que su estadía en Palacio no durará mucho. Las pruebas que la indican como responsable política de las muertes en las protestas de este año cada vez aumentan, ya sabemos lo que le espera. Una moción de vacancia ha sido anunciada por el reciente viaje a Brasil, impulsada por sus ex “camaradas” de PL. Aun no puesta en trámite, tal vez solo fue un acto para la tribuna y mostrar una imagen de consecuencia, venida a menos a raíz de pactar con el fujimorismo la composición de la actual mesa directiva.

PL no estuvo preparado para el triunfo presidencial, no estaba en los cálculos, a lo mucho tener una bancada en el Congreso (el propio CEN lo ha reconocido). Fue una casualidad que coincidió con la necesidad popular de la refundación de la patria, pero una vez más se comprobó que por la vía institucional aún se encuentra decepción y postergación del proyecto de una nueva democracia.

Columna de opinión Diario UNO (jueves 17/08)

 

Examen de admisión UNI 2023-II

Historia Universal

¿Qué pensador griego consideraba que el principio dinámico de la naturaleza se encontraba en los números?

A)   Anaximandro

B)   Aristóteles

C)   Pitágoras

D)   Tales de Mileto

E)   Diógenes

Entre los siglos IV y V a.C. se desarrolló una corriente de pensamiento materialista y pluralista, conocida como atomismo que afirma que la realidad está formada por átomos. Su principal exponente fue

A)   Demócrito de Abdera.

B)   Platón.

C)   Aristóteles.

D)   Heráclito.

E)   Parménides.

¿Quiénes eran los máximos representantes del teatro clásico griego?

A)   Sófocles, Ateneo y Arquímedes

B)   Tulio, Teo y Federico

C)   Esquilo, Sófocles y Eurípides

D)   Eurípides, Tolomeo y Sócrates

E)   Esquilo, Horacio y Virgilio

 

Historia del Perú

Dadas las siguientes proposiciones respecto al virreinato del Perú:

I.- España estableció un monopolio comercial con sus colonias.

II.- El transporte marítimo lo realizaban solo los barcos de guerra.

III.- El Tribunal del Consulado de Lima reguló el flujo comercial de la Colonia.

¿Cuáles son correctas?

A)   Solo I

B)   Solo II

C)   Solo III

D)   I y II

E)   I y III

Señale la alternativa correcta que corresponde con un aporte al ordenamiento político del gobierno del Oncenio del presidente Leguía.

A)   Las concesiones de nuestro territorio y soberanía a empresas extranjeras para explotación de recursos naturales.

B)   El gradual desplazamiento del capital británico por el norteamericano.

C)   La promulgación de la Constitución de 1920, que dio marco jurídico a su gobierno.

D)   El abuso del endeudamiento externo promocionado por EE.UU.

E)   La sublevación en Arequipa del comandante Sánchez Cerro contra el gobierno de Leguía.

Columna de opinión Diario UNO (jueves 10/08)

 

Columna de opinión Diario UNO (jueves 03/08)

 

Gobiernos del Perú (2001-2022)

1.- Alejandro Toledo Manrique (2001-2006)

Fue el primer gran opositor del fujimorismo y, bajo su agrupación Perú Posible, asumió la Presidencia del Perú entre el 2001 y el 2006. Despertó esperanza en la población, debido a que su elección se dio en un marco democrático tras una década de autoritarismo. Su historia de superación lo ayudaba: era de origen humilde y realizó estudios de maestría en universidades de los Estados Unidos. Pero este economista se vio embarrado por el caso Odebrecht. Según las investigaciones habría recibido 20 millones de dólares en sobornos. En febrero de 2017 se ordenó su captura y 18 meses de prisión preventiva, pero Toledo burló a las autoridades peruanas y estuvo prófugo de la justicia durante dos años y cinco meses hasta que fue detenido en California. Hoy se encuentra detenido en el Perú.

2.- Segundo gobierno de Alan García Pérez (2006-2011)

A pesar de haber tenido un catastrófico primer Gobierno entre 1985 y 1990 con una hiperinflación que devaluó la moneda nacional, el Perú le dio una segunda oportunidad al líder del Partido Aprista Peruano entre el 2006 y el 2011. Político de amplia trayectoria, enfrentó diversos conflictos sociales, entre ellos el denominado Baguazo, donde fallecieron 33 personas, entre policías y ciudadanos, en el 2009. Una huella imborrable de su mandato, pues además tildó a los manifestantes de las poblaciones indígenas de “no ser ciudadanos de primera clase”. Dueño una verborrea que despertaba la admiración del electorado, nunca aceptó haber cometido algún acto ilícito durante su carrera política. No obstante, Alan García, como otros jefes de Estado en la región, se vio involucrado con el caso Lava Jato. En abril de 2019, con las evidencias en su contra y un pedido fiscal de prisión preventiva por notificar, García se disparó en la sien y falleció sin ser juzgado.

3.- Ollanta Humala Tasso (2011-2016)

Es el último presidente del Perú que cumplió su mandato. Gobernó desde julio de 2011 hasta julio de 2016. Militar con estudios de administración, alcanzó el grado de teniente coronel del Ejército. Líder del Partido Nacionalista llegó al poder como un antisistema, provocando los temores de la derecha y el empresariado, pero finalmente se adecuó al establishment. Durante su gestión estalló el caso Odebrecht, una constructora brasileña que financiaba campañas electorales de candidatos presidenciales en Sudamérica a cambio de beneficiarse con licitaciones de obras públicas. Uno de los supuestos beneficiarios fue Humala y su partido. Por tal motivo fue acusado de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir. Humala y Nadine Heredia, la primera dama, estuvieron en prisión preventiva durante nueve meses entre el 2017 y el 2018. El caso sigue en investigación.

4.- Pedro Pablo Kuczyinski (2016-2018)

Economista peruano de origen polaco, dirigió los destinos del Perú entre julio de 2016 y marzo de 2018. Se convirtió en presidente del Perú por un estrechísimo margen de votos sobre su contendora Keiko Fujimori en segunda vuelta. Tan solo por 42.000 votos. Si bien contaba con el espaldarazo del sector empresarial, su triunfo se debió en gran medida a la principal fuerza política del Perú: el antifujimorismo. Ello provocó una hostilidad permanente que le impidió gobernar, pues el Congreso contaba con una arrolladora mayoría de miembros de la agrupación política Fuerza Popular.

En diciembre de 2017, PPK —como se le conoce— fue relacionado con el escándalo Lava Jato. Esto motivó que la Cámara solicitara su vacancia. En ese lapso, se descubrió que PPK negoció con Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, la compra de votos para no ser destituido a cambio de la liberación de su padre: el expresidente Alberto Fujimori. El destape desató el caos y, con ello, su renuncia. En abril de 2019 dictaron 36 meses de prisión preventiva por el supuesto delito de lavado de activos cuando fue ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo. Se determinó que cumpliera arresto domiciliario por su delicado estado de salud, medida que culminó en la primera mitad del 2022. Sigue su proceso judicial en libertad.

5.- Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020)

No fue elegido por el pueblo, pero gozó del apoyo popular durante gran parte de su mandato entre marzo de 2018 y noviembre de 2020. Según las encuestadoras, en algún momento alcanzó el 83% de aprobación. Se sentó en el trono del Perú por ser el primer vicepresidente del economista Pedro Pablo Kuczyinski, quien renunció a su cargo. Al año y medio de su gestión disolvió el Congreso, con un respaldo del 85% de la población. Sin embargo, los nuevos representantes de la Cámara lograron su salida por presuntos delitos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, una región de la costa sur donde nació.

La imagen de Vizcarra quedó desvirtuada con el vacunagate, escándalo internacional que destapó el tráfico de vacunas contra la covid-19 en el Perú durante la primera ola. En abril de 2021 postuló al Congreso e increíblemente fue el más votado (165.000 votos), pero no pudo ejercer al ser inhabilitado. El Ministerio Público acaba de solicitar contra Vizcarra 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio al verse envuelto en el cobro de sobornos en obras públicas.

6.- Manuel Merino de Lama (noviembre 2020)

Su mandato no llegó a la semana: apenas duró cinco días. Del 10 al 15 de noviembre de 2020. Si bien el Congreso de la República reconoce su investidura, gran parte de la sociedad civil cuestiona si realmente debe considerársele como presidente. Militante de Acción Popular, uno de los pocos partidos que mantiene un papel activo en la política peruana, Merino se cruzó la banda presidencial luego de la salida de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Pero tuvo que renunciar inmediatamente por las protestas contra su nombramiento que dejaron un saldo de dos fallecidos y un centenar de heridos. En junio de 2022, en un hecho criticado por la Defensoría del Pueblo, la Cámara lo exculpó de toda responsabilidad políticas de estas muertes. Por tal motivo, Merino no fue investigado.

7.- Francisco Sagasti Hochhausler (noviembre 2020 – julio 2021)

Asumió la presidencia de forma interina en noviembre del 2020, como titular del Congreso de la República, en uno de los momentos más críticos del pasado reciente. Por un lado, el Perú vivía un estallido social tras la salida de Martín Vizcarra y por otro, enfrentaba la crisis sanitaria a causa del nuevo coronavirus sin vacunas y con un sistema de salud colapsado. Por esos días, Perú tenía la mayor tasa de mortalidad en el mundo por la covid. Sagasti gobernó durante ocho meses con varios sobresaltos: enfrentó un paro agrario y la desconfianza de un grupo de parlamentarios que dudaban de su convocatoria a elecciones. Lo que más se rescata de ese breve periodo es haber concretado la compra y distribución de las vacunas. No posee investigaciones en curso.

8.- Pedro Castillo Terrones (2021 – 2022)

El último presidente peruano elegido en las urnas ascendió al poder tras unas reñidas elecciones con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Bajo el símbolo del lápiz de la agrupación política Perú Libre, Castillo, cajamarquino de nacimiento, se ganó al electorado de las zonas más vulnerables del país con la promesa de un cambio de la Constitución. Pero el maestro sindical —que hasta entonces no había ocupado ningún cargo público— jamás pudo asentarse en Palacio. Las razones son varias: escasa capacidad de gestión, rodearse de funcionarios cuestionados, y el obstruccionismo de la oposición. Tuvo 78 ministros en diecisiete meses de gobierno, y fue destituido el 7 de diciembre de 2022 en el tercer intento de vacancia tras un frustrado autogolpe de Estado. Actualmente, cumple una prisión preventiva de 18 meses, acusado por los delitos de rebelión y conspiración. Además, es investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntamente liderar una organización criminal.