La Asamblea Constituyente de 1978 y la Constitución de 1979

 

Fuente: Archivo de El Comercio Perú

El proceso político de la década de 1970 en el Perú está relacionado al Gobierno de las Fuerzas Armadas (autodenominado “revolucionario”); en su primera fase presidido por el Gral. Juan Velasco Alvarado, siendo sus medidas trascendentales la expropiación de La Brea y Pariñas (de la transnacional IPC), la reforma agraria y el consiguiente desarrollo de un capitalismo de Estado. Algunas organizaciones populares y partidarias decidieron respaldar esa fase, mientras que otras se mantuvieron cautelosas frente a las medidas corporativistas del régimen, incluso asumiendo una actitud de confrontación “antifascista”. La segunda fase, presidida por el Gral. Francisco Morales Bermúdez, acentuó el carácter represivo y persecutorio del régimen militar.

El experimento del capitalismo de Estado tuvo serias limitaciones al no encontrar el soporte de una clase empresarial nacionalista, es decir una burguesía patriota que asuma ese proyecto histórico. Ya muchas veces lo había mencionado el Amauta José Carlos Mariátegui: La burguesía peruana es intermediaria, entregada al gran capital extranjero pues el carácter semicolonial de nuestra economía la condena a esa situación. El proletariado organizado y de vanguardia entendía bien ese escenario, por ello durante décadas planteaba la revolución democrática con perspectiva socialista. Pero las divergencias, ideológicas mas que programáticas, atomizaban cada vez más a los partidos autodenominados progresistas, socialistas y comunistas. En tanto los otros opositores al régimen militar como el aprismo, gozaba de una solidez organizativa partidaria e incluso tenía trabajo sindical autogenerado permitiéndole tener un respaldo social a pesar de sus convivencias con la oligarquía, los movimientos reformistas como Acción Popular y los demócratas cristianos se respaldaban en sectores profesionales y de la pequeña burguesía, asimismo venían de la experiencia gubernamental de los años sesenta que fue destituida por el golpe militar.

El movimiento sindical clasista y el movimiento universitario, principalmente, radicalizaron sus medidas de protesta contra la crisis económica, política y social que afrontaba el país. En ese escenario se desenvolvieron grandes jornadas de lucha, siendo una de las más significativas el paro del 19 de julio de 1977 pues conllevó a la convocatoria por parte del Gral. Morales Bermúdez a elecciones para la Asamblea Constituyente y, por ende, la redacción de un nuevo pacto social. Asimismo, inició una transición política que condujo a las elecciones generales de 1980, el mal llamado “retorno a la democracia” como si antes del golpe militar hubiera existido tal régimen.

Hoy muchos asocian a la Asamblea Constituyente de 1978 con la izquierda y que la constitución de 1979 fue “roja”, pues es totalmente falso. De 100 asambleístas la mayoría eran apristas (37) y por eso Víctor Raúl Haya de la Torre fue el presidente de la Asamblea, le seguía en mayoría el PPC (25), las izquierdas con el FOCEP de Hugo Blanco (12), el PSR de los velasquistas (6), el PCP de Jorge del Prado (6), la UDP de Javier Diez Canseco (4), el FRENATRACA de los hermanos Cáceres (4), los oligarcas Unión Odriista (2) y el Movimiento Pradista (2), y por último los demócratas cristianos (2). Como vemos las izquierdas sumaban 32 escaños, un tercio de la Asamblea, no fueron parte de la mesa directiva. Incluso se les reprocha el haberse resistido a firmar la recién redactada constitución.

En cuanto a su carácter; la constitución de 1979 planteó la economía social de mercado, reconociendo los cambios estructurales ocurridos durante el gobierno militar (capitalismo de Estado), se reorganizaron los poderes del Estado terrateniente-burgués implantando la bicameralidad y la elección conjunta de presidente, vicepresidentes, congresistas por periodo de cinco años, otorgando más autoridad a la investidura presidencial. Asimismo, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y se estableció la segunda vuelta presidencial en caso de no superar el 50% más uno. En lo social se estableció la ciudadanía a partir de los 18 años de edad, otorgándose el voto a los analfabetos (mayoría del país), precisando la pena de muerte solo en caso de traición a la patria.

Un dato a resaltar es el artículo 307 la cual dictaba que la Constitución no perdía vigencia aun cuando fuese derogada “por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”, por eso mismo se plantea la ilegal supresión del 5 de abril de 1992 con el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, que hoy viene siendo justificado con la publicación de un manual para escolares desde el Fondo Editorial del Congreso de la República presidido por la fujimorista Martha Moyano.

Paradójico: La constitución aprista y pepecista no es defendida por sus propios artífices, algunas izquierdas (que no son las mismas de la década del setenta) hoy la reivindican y los que defienden la constitución fujimorista de 1993 lo hacen sabiendo que ella nació violando a la de 1979.