miércoles, 18 de octubre de 2023
viernes, 6 de octubre de 2023
viernes, 29 de septiembre de 2023
miércoles, 20 de septiembre de 2023
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viernes, 15 de septiembre de 2023
miércoles, 13 de septiembre de 2023
El 11 de setiembre en la historia política contemporánea
Hace unos días, desde las aulas y las redes sociales hemos recordado y reflexionado sobre dos acontecimientos históricos significativos para la historia mundial.
El
11 de setiembre de 1973 el pueblo chileno afrontó un golpe de Estado militar - característico durante la Guerra Fría
en América Latina - promovido por el imperialismo estadounidense contra un
gobierno democrático de afiliación socialista, tal como lo definía el ex presidente
Salvador Allende. Instaurado la dictadura militar del general Augusto Pinochet
se inició una ola de persecución, represión y asesinatos, calificado como un
régimen violador de los derechos humanos durante diecisiete años.
Lo
que parecía ser un exitoso experimento sui generis; donde un gobierno
socialista se establecía vía elecciones y se atrevía a realizar reformas bajo
las estructuras del viejo orden oligárquico chileno, demostró que esa táctica
conduce a un rotundo fracaso y sobre todo genera una confusión en los sectores
sociales respecto a la perspectiva revolucionaria. Más allá de recordar ese
acontecimiento románticamente, debemos reflexionar sobre los postulados de la
doctrina socialista. Cuando leemos a los clásicos del socialismo lo primero que
dejan muy claro es la vía de la conquista del poder – ojo, conquista - no ganar
un gobierno: El nuevo orden socialista se sostiene desde un inicio en la permanente
movilización de las masas, bajo una dirección de vanguardia proletaria y con
sus propias fuerzas revolucionarias. La doctrina no enseña en confiar
ingenuamente en la vieja oligarquía y en su fuerza armada, allí el pecado del
buen intencionado Salvador Allende. Desde luego, esa experiencia dejó
lecciones.
El
atentado a las Torres Gemelas del 11 de setiembre del 2001 marcó un antes y un después en la
política internacional del imperialismo estadounidense. Recién iniciaba el
siglo XXI y el mito del triunfo del capitalismo acompañado con el fin de la
historia y el nuevo orden “civilizado” se venía abajo. Durante casi todo el
siglo XX y más aún durante la Guerra Fría, la propaganda yankee acusó al
movimiento socialista de generar el terror y la inestabilidad en el mundo. Tras
la caída del bloque soviético y los “socialismos reales”, se acabó la
justificación militarista de EE.UU. en su política internacional. Ya no existía
la “amenaza comunista a la paz mundial”. Pero ¡Oh! Sorpresa, el país con el
mejor sistema defensivo, con el mejor sistema de espionaje del mundo, fue
objeto de un atentado en su corazón financiero. No se trataba del viejo enemigo
comunista, ahora se trataba de un nuevo enemigo: el fundamentalismo islámico,
representado por Al-Qaeda, liderado por un ex agente de la CIA llamado Osama
Bin Laden.
Osama
fue uno de los líderes de la resistencia anti soviética en la década de 1980,
cuando la URSS – social imperialista – invadió Afganistán y quería convertirla
en un satélite político. La resistencia organizada a través de los muyahidines
recibió el financiamiento y equipamiento del imperialismo estadounidense; en
ese momento no le interesó si estaba apoyando a radicales islámicos, el
objetivo era derrotar a la URSS. Y lo lograron, las tropas soviéticas se
retiraron de Afganistán hacia inicios de 1989, dejando el gobierno en manos de
los muyahidines. Al poco tiempo surgieron las rivalidades entre el nuevo
gobierno fundamentalista y los intereses imperialistas de EE.UU. Los yankees
creyeron que podían someter fácilmente a sus “socios”, nada de ello ocurrió;
pues para los fundamentalistas los enemigos no solo eran los soviéticos,
también lo era el capitalismo occidental. Estados Unidos había engendrado una
de sus peores pesadillas y en algún momento tendría que saldar cuentas.
La
política belicista de EE.UU. en las guerras del golfo pérsico dejó en claro los
objetivos estratégicos de poseer el petróleo del Medio Oriente. Recordemos que
el presidente de yankee durante esos conflictos fue George Bush (padre).
En los noventa el belicismo de EE.UU. se concentró en las guerras de la ex
Yugoslavia, y en lo político la ejecución del Consenso de Washington en los
países subdesarrollados, incluido nuestro país a través de la redacción de la
Constitución de 1993. Ocurridos los atentados a las Torres Gemelas, la decisión
de EE.UU., presidido por George Bush (hijo), fue invadir Afganistán en
noviembre del mismo año y dos años después acusó a Irak de ser cómplice de
Al-Qaeda y producir armas bacteriológicas, lo cual se tradujo en una descarada
invasión al Medio Oriente. ¿Casualidades?
martes, 12 de septiembre de 2023
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domingo, 10 de septiembre de 2023
lunes, 4 de septiembre de 2023
A 20 años del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
 |
| Sesión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación |
La
semana pasada se cumplió el vigésimo año de la entrega del informe final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El trabajo de investigación de la
CVR tiene un valor sociohistórico y político. Presenta una explicación de las
causas, hechos y repercusiones del conflicto armado interno (1980-2000) que
vivió el país. Calificado como el hecho más estremecedor de nuestra historia
republicana, merece una comprensión rigurosa y alejada de apasionamientos.
La
CVR lo definió como un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y
dolorosos en la sociedad peruana. Siendo causales de la violencia política las
desigualdades económicas, las frustraciones sociales acumuladas desde el
nacimiento de la república, la discriminación de índole étnico-cultural, la
precaria “democracia” y la formación de organizaciones subversivas que tuvieron
como objetivo destruir el Estado terrateniente-burgués y construir uno
socialista.
Responsabiliza
al PCP-SL como el causante inmediato del conflicto, y a su dirección nacional
le atribuye delitos de lesa humanidad, además de presentarlos con
características terroristas en lo que refiere a sus acciones armadas y responsable
de 54% de víctimas del conflicto. De la misma manera, pero con menor
intensidad, califica al MRTA con una responsabilidad del 1.5% de víctimas.
Asimismo, identifica los crímenes de las Fuerzas Armadas y grupos
paramilitares, agravado durante el régimen de Alberto Fujimori.
La
CVR consideró que, para superar las secuelas del conflicto, el país debe
conocer en toda su magnitud las dimensiones de lo ocurrido entre 1980 y 2000.
Asimismo, propuso que la reconciliación nacional debería iniciarse con un nuevo
pacto fundacional entre el Estado y la sociedad. A veinte años del informe
final, ese nuevo pacto aún está pendiente, y por el contrario se mantiene la
política del “terruqueo” desde el Estado a la protesta social al punto de
criminalizarla y las leyes antiterroristas de los noventa están vigentes.
Muchas
críticas han recaído a la CVR y a su informe, sobre todo provenientes de los
sectores más recalcitrantes de la política nacional, especialmente los
fujimoristas, y de las Fuerzas Armadas quienes han elaborado sus propias
versiones. Los alzados en armas también han realizado su versión de los hechos.
Desde luego, las interpretaciones de la CVR no pueden ser tomadas como verdades
absolutas; es importante escuchar las voces de todos los implicados en el
conflicto en tanto no tergiversen la historia a su conveniencia e inventen
ídolos o héroes que generan una inútil polarización en el país. En el contraste
de versiones se abre paso la verdad histórica y por ello no podemos permitir
las iniciativas negacionistas que limitan la labor de los científicos sociales
y de todo aquel que ejerza una investigación seria.
La
semana pasada, coincidentemente, se hizo entrega a sus familiares – después de
31 años – los restos de cinco estudiantes de La Cantuta asesinados en 1992 por
el grupo Colina, fue noticia la admisión de una demanda de Víctor Polay (líder
del MRTA) en la CIDH y se realizó una protesta contra el Lugar de la Memoria
(LUM) en Miraflores bajo la consigna “Terrorismo nunca más” y exigiendo su
cierre. Si agregamos a ello que hoy están con prisión preventiva dirigentes
sociales de Ayacucho bajo el supuesto delito de terrorismo; es evidente que las
secuelas derivadas del conflicto armado interno se encuentran vigentes, hay
muchas heridas por cerrar y un proceso de democratización de la sociedad peruana
aun pendientes.
jueves, 31 de agosto de 2023
miércoles, 30 de agosto de 2023
Persecución política en el Perú
 |
| Fuente: Facebook Comité de Lucha Transitorio del pueblo de Ayacucho |
Según los
informes de colectivos y organizaciones sociales tenemos a la fecha más de 1800
procesados, a nivel nacional, con carpetas fiscales por las protestas contra el
gobierno de Dina Boluarte. Quien escribe, a fin de año del 2022 fue citado por
la DIRCOTE para declarar sobre una presunta “apología al terrorismo” ante la
impartición de clases virtuales del curso de historia y el tema del conflicto
armado interno. Desde luego ello tenía como fin amedrentar ante la ola de
protestas que se iniciaba por la vacancia presidencial del profesor Pedro
Castillo. Varios docentes, con filiación partidaria fuimos citados. El plan de
persecución política estaba en marcha.
Más grave es la
situación de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho
(FREDEPA); ellos hasta el día de hoy están purgando una prisión preventiva bajo
el supuesto delito de “filiación a organización terrorista”. Están casi 9 meses
privados de su libertad sin que se les haya demostrado tal delito. Y es que hoy
en el Perú la gran burguesía, a través de sus aparatos fiscales y judiciales
están violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos la
libertad de organización, pensamiento y expresión política. Están amordazando
y, lo peor, apresando a los que alzan su voz de protesta y fomentan conciencia
política en el pueblo.
En el Perú no
existe democracia ni Estado de Derecho, nos hacen creer lo contrario porque
cada cinco años hay elecciones generales y con eso basta para afirmar la
existencia de un régimen “democrático”. La burguesía peruana, históricamente
debió tener el papel de implantar el liberalismo y la democracia en el país, no
lo ha hecho ni lo hará. Les corresponde a los sectores del pueblo organizado la
tarea de democratizar la sociedad peruana, una tarea pendiente desde hace
varias décadas.
Desde aquí
nuestra solidaridad de clase con los compatriotas injustamente presos por
razones políticas y por soñar con una sociedad más justa.
martes, 29 de agosto de 2023
sábado, 26 de agosto de 2023
La Asamblea Constituyente de 1978 y la Constitución de 1979
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| Fuente: Archivo de El Comercio Perú |
El
proceso político de la década de 1970 en el Perú está relacionado al Gobierno
de las Fuerzas Armadas (autodenominado “revolucionario”); en su primera fase
presidido por el Gral. Juan Velasco Alvarado, siendo sus medidas
trascendentales la expropiación de La Brea y Pariñas (de la transnacional IPC),
la reforma agraria y el consiguiente desarrollo de un capitalismo de Estado.
Algunas organizaciones populares y partidarias decidieron respaldar esa fase,
mientras que otras se mantuvieron cautelosas frente a las medidas
corporativistas del régimen, incluso asumiendo una actitud de confrontación
“antifascista”. La segunda fase, presidida por el Gral. Francisco Morales
Bermúdez, acentuó el carácter represivo y persecutorio del régimen militar.
El
experimento del capitalismo de Estado tuvo serias limitaciones al no encontrar
el soporte de una clase empresarial nacionalista, es decir una burguesía
patriota que asuma ese proyecto histórico. Ya muchas veces lo había mencionado
el Amauta José Carlos Mariátegui: La burguesía peruana es intermediaria,
entregada al gran capital extranjero pues el carácter semicolonial de nuestra
economía la condena a esa situación. El proletariado organizado y de vanguardia
entendía bien ese escenario, por ello durante décadas planteaba la revolución
democrática con perspectiva socialista. Pero las divergencias, ideológicas mas
que programáticas, atomizaban cada vez más a los partidos autodenominados
progresistas, socialistas y comunistas. En tanto los otros opositores al
régimen militar como el aprismo, gozaba de una solidez organizativa partidaria
e incluso tenía trabajo sindical autogenerado permitiéndole tener un respaldo
social a pesar de sus convivencias con la oligarquía, los movimientos
reformistas como Acción Popular y los demócratas cristianos se respaldaban en
sectores profesionales y de la pequeña burguesía, asimismo venían de la
experiencia gubernamental de los años sesenta que fue destituida por el golpe
militar.
El
movimiento sindical clasista y el movimiento universitario, principalmente,
radicalizaron sus medidas de protesta contra la crisis económica, política y
social que afrontaba el país. En ese escenario se desenvolvieron grandes
jornadas de lucha, siendo una de las más significativas el paro del 19 de julio
de 1977 pues conllevó a la convocatoria por parte del Gral. Morales Bermúdez a
elecciones para la Asamblea Constituyente y, por ende, la redacción de un nuevo
pacto social. Asimismo, inició una transición política que condujo a las
elecciones generales de 1980, el mal llamado “retorno a la democracia” como si
antes del golpe militar hubiera existido tal régimen.
Hoy
muchos asocian a la Asamblea Constituyente de 1978 con la izquierda y que la
constitución de 1979 fue “roja”, pues es totalmente falso. De 100 asambleístas
la mayoría eran apristas (37) y por eso Víctor Raúl Haya de la Torre fue el
presidente de la Asamblea, le seguía en mayoría el PPC (25), las izquierdas con
el FOCEP de Hugo Blanco (12), el PSR de los velasquistas (6), el PCP de Jorge
del Prado (6), la UDP de Javier Diez Canseco (4), el FRENATRACA de los hermanos
Cáceres (4), los oligarcas Unión Odriista (2) y el Movimiento Pradista (2), y
por último los demócratas cristianos (2). Como vemos las izquierdas sumaban 32
escaños, un tercio de la Asamblea, no fueron parte de la mesa directiva.
Incluso se les reprocha el haberse resistido a firmar la recién redactada
constitución.
En
cuanto a su carácter; la constitución de 1979 planteó la economía social de
mercado, reconociendo los cambios estructurales ocurridos durante el gobierno
militar (capitalismo de Estado), se reorganizaron los poderes del Estado
terrateniente-burgués implantando la bicameralidad y la elección conjunta de
presidente, vicepresidentes, congresistas por periodo de cinco años, otorgando
más autoridad a la investidura presidencial. Asimismo, se creó el Tribunal de
Garantías Constitucionales y se estableció la segunda vuelta presidencial en
caso de no superar el 50% más uno. En lo social se estableció la ciudadanía a
partir de los 18 años de edad, otorgándose el voto a los analfabetos (mayoría
del país), precisando la pena de muerte solo en caso de traición a la patria.
Un
dato a resaltar es el artículo 307 la cual dictaba que la Constitución no
perdía vigencia aun cuando fuese derogada “por cualquier otro medio distinto
del que ella misma dispone”, por eso mismo se plantea la ilegal supresión del 5
de abril de 1992 con el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, que hoy viene
siendo justificado con la publicación de un manual para escolares desde el
Fondo Editorial del Congreso de la República presidido por la fujimorista
Martha Moyano.
Paradójico:
La constitución aprista y pepecista no es defendida por sus propios artífices, algunas
izquierdas (que no son las mismas de la década del setenta) hoy la reivindican
y los que defienden la constitución fujimorista de 1993 lo hacen sabiendo que
ella nació violando a la de 1979.
jueves, 24 de agosto de 2023
miércoles, 23 de agosto de 2023
Revolución y Asamblea Constituyente en Francia 1789
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| La toma de la Bastilla (14 de julio 1789) |
La
crisis generalizada durante el último cuarto del siglo XVIII llegó a su punto
más alto en los años 1788 y 1789: Alza de precios agrícolas, recesión de la
producción manufacturera, extrema pobreza, desempleo en la ciudad y campo,
impopularidad de los ministros y un creciente rechazo al absolutismo monárquico
de Luis XVI Borbón. El Antiguo Régimen era insostenible por su carácter
reaccionario, ante la ola de protestas sociales y la organización de fuerzas
revolucionarias de origen burgués; influenciados por los ideales de la
ilustración como la libertad e igualdad, tenían un plan de modernización para
el país sustentado en el desarrollo de las fuerzas productivas y por
consiguiente del capitalismo industrial.
La
convocatoria de los estados generales respondió al interés de la monarquía de
dar una salida a la crisis, y la posterior asamblea constituyente fue producto
de la movilización de las masas urbanas y del campo con diversas demandas.
París fue el epicentro y las provincias replicaban la tendencia revolucionaria.
El tercer estado, el de los burgueses y sectores marginados de la política,
tenía a su favor el respaldo popular e incluso de nobles reformistas. Nunca
antes la práctica política en Francia había sido amplia, de debates en todos
los niveles de la sociedad, generando expectativas y anunciando una democracia
con repercusión mundial.
La
toma de la Bastilla el 14 de julio anunciaba el carácter del proceso en su
primera fase, un absolutismo arrinconado por la violencia revolucionaria y las
maniobras políticas de la burguesía logrando abolir los privilegios feudales,
sentenciando que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos,
defensa de la propiedad privada, la soberanía nacional y la instauración de una
monarquía legislativa. En esas circunstancias de la lucha de clases nació la
primera constitución política de Francia en 1791.
En
palabras del historiador Jean Jaurés: “La Revolución francesa fue a la vez
burguesa y plebeya, democrática y popular.”
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